BOGOTÁ D.C. | En medio de un ambiente de profunda polarización, el proceso de consolidación de resultados de las recientes elecciones legislativas y consultas presidenciales ha entrado en una fase crítica. Lo que debería ser un ejercicio administrativo de rutina se ha transformado en un foco de inestabilidad política, alimentado por denuncias de robos técnicos y cuestionamientos internacionales.
El “golpe” a la infraestructura tecnológica
La jornada de ayer estuvo marcada por la grave denuncia de la Registraduría Nacional del Estado Civil, que confirmó el hurto de varios equipos portátiles en sedes de votación estratégicas en el norte y occidente de Bogotá. Según fuentes oficiales, estos dispositivos contienen software crítico para la transmisión de datos y el procesamiento de actas de escrutinio.
“No se trata de un simple robo de hardware; es un ataque directo a la integridad del flujo de información electoral”, afirmó un portavoz de la entidad, mientras la Policía Metropolitana adelanta operativos para recuperar los equipos.
Bajo la lupa internacional
El clima de desconfianza se ha visto exacerbado por el informe preliminar de la Misión de Observación de la Unión Europea (UE). El organismo internacional expresó su “preocupación” por la falta de transparencia en ciertas etapas del conteo y señaló una preocupante asimetría informativa.
La Misión destacó dos puntos que han encendido las alarmas:
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Opacidad en el software: Dificultades para que los testigos electorales auditen en tiempo real las inconsistencias entre los formularios E-14 y E-24.
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Sesgo mediático: El presunto uso de medios públicos y plataformas estatales para favorecer la narrativa de sectores políticos afines al Gobierno, lo que la UE califica como una “ruptura de la equidad en la contienda”.
Reacción de la oposición
Los líderes de los partidos de oposición no han tardado en reaccionar, calificando la situación como un “atentado contra la voluntad popular”. Han convocado a sus bases a realizar una vigilancia permanente en las sedes de los escrutinios municipales y departamentales para evitar alteraciones en los datos finales que definirán la composición del próximo Congreso.
