**Bogotá, 27 de noviembre de 2025** – En un duro golpe a la cúpula militar y de inteligencia del país, la Procuraduría General de la Nación suspendió provisionalmente este jueves al general Juan Miguel Huertas Herrera, jefe del Comando de Personal del Ejército Nacional, y a Wilmar de Jesús Mejía, director de Inteligencia Estratégica de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI). La medida, que tiene un efecto inmediato y una duración inicial de tres meses prorrogables, responde a una investigación disciplinaria por presunta infiltración de las disidencias de las FARC en instituciones estatales clave, con graves acusaciones de filtración de información sensible a alias “Calarcá”, líder del Estado Mayor de Bloques y Frentes (EMBF).
La decisión, firmada por la Sala Disciplinaria de Instrucción de la Procuraduría, busca evitar cualquier influencia de los investigados en el proceso, que se abrió apenas tres días atrás tras la revelación de una exhaustiva investigación periodística de Noticias Caracol. “Se suspende provisionalmente del cargo al señor general Huertas y al funcionario Mejía, con efecto inmediato, para continuar la investigación”, declaró el procurador delegado Gregorio Eljach en exclusiva para Noticias Caracol. Eljach enfatizó que esta medida no implica una declaración de responsabilidad, sino un “paso adelante” para garantizar la imparcialidad, aunque no precisó la duración exacta más allá del plazo inicial.
#### El Origen del Escándalo: Archivos Incautados y una Investigación que Remueve los Cimientos del Estado
El caso estalló el domingo 23 de noviembre, cuando la Unidad Investigativa de Noticias Caracol destapó una red de presuntos nexos entre altos funcionarios y el EMBF, una disidencia de las extintas FARC-EP comandada por Alexander Díaz Mendoza, alias “Calarcá”. La evidencia proviene de dispositivos electrónicos –computadoras, teléfonos y memorias USB– incautados el 23 de julio de 2024 durante un retén del Ejército en Anorí, Antioquia. En esa operación, “Calarcá” y otros disidentes fueron detenidos temporalmente, junto a armas, dinero y vehículos de la Unidad Nacional de Protección (UNP), pero liberados horas después por su estatus como negociadores en el marco de la “Paz Total” impulsada por el Gobierno de Gustavo Petro.
Los archivos, en poder de la Fiscalía General de la Nación desde hace más de un año sin avances significativos, incluyen decenas de chats, correos electrónicos, cartas, fotografías y documentos que detallan supuestos acuerdos para evadir operativos militares. Entre las revelaciones más graves:
– **Filtraciones de inteligencia militar**: Se acusa a Huertas y Mejía de entregar datos sobre movimientos de tropas en zonas críticas como Antioquia, el Catatumbo y el sur de Bolívar. Un chat recuperado menciona códigos y frecuencias radiales del Ejército, facilitando “traslados seguros” para comandantes del EMBF con órdenes de captura suspendidas.
– **Propuesta de empresa fachada**: En un correo del 8 de febrero de 2024, un emisario de “Calarcá” informa de una reunión en Bogotá con Huertas (entonces retirado), donde el general habría propuesto crear una empresa de seguridad privada para “legalizar” a 20 hombres armados. Esta estructura permitiría movilidad en vehículos blindados y porte de armas legal si fracasan las negociaciones de paz. Mejía aparece mencionado como colaborador clave en este plan.
– **Reuniones secretas y pactos de no agresión**: Testimonios anónimos de un cabecilla disidente, corroborados por los archivos, describen encuentros en Bogotá y Venezuela entre Huertas, Mejía y líderes del EMBF. En uno, se habría acordado un “pacto de no agresión” en tres regiones, con oficiales del Ejército vestidos de civil. Otro documento alude a un viaje conjunto a Venezuela para investigar la muerte de un “camarada” disidente.
Un líder guerrillero consultado por Noticias Caracol, cuya identidad se reserva, confirmó: “Huertas era una línea más, como se dice en las FARC”. Los archivos también mencionan indirectamente a figuras como la vicepresidenta Francia Márquez y al presidente Petro, en contextos de supuesta financiación de campaña en 2022, aunque el Gobierno lo desmiente categóricamente.
La demora de la Fiscalía en actuar ha generado críticas: “¿Por qué no se hizo nada durante un año?”, se pregunta el informe de Caracol, sugiriendo una posible parálisis en la persecución de las disidencias para no entorpecer los diálogos.
#### Perfiles de los Implicados: Ascensos Velozes y un Pasado Controvertido
Juan Miguel Huertas Herrera, de 58 años, es un oficial con una trayectoria marcada por controversias. Reintegrado al Ejército en agosto de 2025 por recomendación de Mejía al presidente Petro, tras ser expulsado en 2020 por el Gobierno de Iván Duque debido a informes de inteligencia de la CIA que lo vinculaban con el ELN. Como jefe del Comando de Personal, manejaba nombramientos y retiros, una posición estratégica. Niega todo: “Hay militares que quieren hacerme un montaje. Nunca he ido a Venezuela ni me he reunido con disidentes”, declaró a Caracol, alegando que busca “afectar mi honor”.
Wilmar de Jesús Mejía, de 42 años y licenciado en educación física, representa el ascenso meteórico en la DNI: de activista universitario a director de Inteligencia en solo 11 meses, gracias a su cercanía con Petro desde marchas estudiantiles en los 2000. Encargado de depuraciones en las Fuerzas Militares, renunció este jueves al Consejo Superior Universitario de la Universidad de Antioquia ante la presión. “No he recibido instrucciones para reuniones con personas al margen de la ley”, se defendió, argumentando que las acusaciones son un “montaje” contra la lucha anticorrupción del Gobierno. Fuentes de la DNI lo apodan “El Chulo” por su rol en acercar estructuras criminales a la fuerza pública, según los archivos.
Ambos apoyaron la campaña de Petro en 2022, lo que ha avivado especulaciones sobre motivaciones políticas.
#### Reacciones: Del Gobierno a la Oposición, un Tormenta Política
El presidente Gustavo Petro, quien inicialmente descartó el informe como “falsedades de la CIA” y “oficiales corruptos enojados”, ordenó un examen forense de los chats el martes 25. “La verdad guía mis decisiones”, tuiteó, defendiendo a los implicados como víctimas de purgas anticorrupción. Sin embargo, condicionó las negociaciones con el EMBF a compromisos ambientales: “Si no aceptan transformar cultivos de coca en selva en Guaviare y Meta, no hay diálogo”. Petro también exigió a la DNI y la Fiscalía informes sobre los implicados.
El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, acató la suspensión pero aclaró que Huertas “sigue en las Fuerzas hasta probar su culpa”. El comandante del Ejército, general Luis Emilio Cardozo, abrió una investigación disciplinaria interna: “Acatamos estrictamente los fallos judiciales”. La DNI, por su parte, negó conocimiento de los vínculos de Mejía y presumió su “inocencia”.
La oposición estalló: El exministro Diego Molano y Daniel Palacios declararán en la Procuraduría sobre nexos previos de Huertas con grupos ilegales. “Lealtad con la patria”, dijo Molano sobre su expulsión en 2020. En redes, el escándalo genera indignación: un tuit de Luis Aníbal Rincón Arguello acumula miles de interacciones, calificándolo de “traición a la patria” que pone en riesgo vidas de soldados.
Internacionalmente, el caso resuena en medios como CNN y EFE, destacando tensiones con la CIA y el impacto en la “Paz Total”.
#### Contexto: Negociaciones Estancadas y un Crecimiento de las Disidencias
El EMBF, escindido del Estado Mayor Central (EMC) de Iván Mordisco en abril de 2024, negocia desde octubre de 2023 pese a ataques como el derribo de un helicóptero en Amalfi (agosto de 2024), que dejó 13 policías muertos. Petro rompió el cese al fuego con el EMC por “terrorismo”, pero mantiene diálogos con “Calarcá”, quien representa menos de la mitad de las disidencias (2.802 combatientes, +16% desde diciembre 2024).
Avances en el séptimo ciclo incluyen protección electoral y no reclutamiento de menores, respaldados por la Defensoría del Pueblo. Sin embargo, el costo supera los 30.299 millones de pesos solo para este grupo, con críticas por expansión territorial y narcotráfico pese a suspensiones de capturas.
La Fundación Ideas para la Paz (FIP) advierte: las disidencias crecen un 15% nacional, superando esfuerzos de transformación territorial.
| Aspecto | Detalles Clave |
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| **Costo Paz Total** | >84.816 millones de pesos total; 30.299 millones para EMBF |
| **Crecimiento EMBF** | +387 integrantes (diciembre 2024-julio 2025); total 2.802 |
| **Beneficios Otorgados** | Suspensión de capturas para ~40 delegados; 11 del Gobierno en mesa |
| **Avances Diálogos** | Protección ciudadana, veedurías comunitarias, cronograma regional |
| **Riesgos Pendientes** | No dejación de armas; expansión en Catatumbo, Magdalena Medio |
#### Implicaciones: ¿Un Golpe a la Seguridad Nacional?
Este escándalo expone vulnerabilidades en la inteligencia estatal, cuestionando la “Paz Total” de Petro. La Procuraduría ordenó declaraciones de exministros y un informe presidencial para esclarecer. Mientras, la Fiscalía investiga penalmente a Huertas (con fuero) y a Mejía, con posible pena de hasta 4 años por filtraciones.
Expertos como Gerson Arias (FIP) ven en “Calarcá” un mando “vinculado al narcotráfico” con poca ideología, pero su infiltración sugiere redes profundas. La sociedad civil exige transparencia: “¿Paz o negocio?”, claman analistas ante la inversión millonaria sin reducción de violencia.
El caso sigue abierto, con forenses pendientes y posibles ramificaciones. En un país herido por décadas de conflicto, esta trama recuerda que la paz frágil depende de instituciones íntegras. La Procuraduría promete “esclarecer los hechos”, pero la confianza pública pende de un hilo.
